La importancia del Compliance Penal

Respecto al catálogo de penas aplicables a las personas jurídicas, todas ellas tienen la consideración de graves, éstas son las siguientes:

a) Multa por cuotas o proporcional.

b) Disolución de la persona jurídica, con pérdida definitiva de la personalidad jurídica y de la capacidad de actuar en el tráfico jurídico o de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita.

c) Suspensión de actividades por un plazo máximo de 5 años.

d) Clausura de locales y establecimientos, con la misma duración.

e) Prohibición (definitiva o temporal con una duración máxima, en este caso, de 15 años) de actividades en cuyo ejercicio se haya favorecido o encubierto el delito.

f) Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas, para contratar con el sector público y para disfrutar beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, también por un plazo máximo de 15 años.

g) Intervención judicial en salvaguarda de los derechos de los trabajadores o de los acreedores, por el tiempo necesario que no puede exceder de 5 años. Esta intervención puede afectar a la totalidad o a solo una parte de la organización.

Precisiones

1) Para la imposición de la pena de disolución, al margen de los casos de multirreincidencia del CP art. 66 regla 5ª, se requiere que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales, lo cual ocurre siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal -CP art.66 bis b- (TS penal 29-2-16, EDJ 10795).

2) Se condena a la empresa por tráfico de drogas, cometido por su administrador único, a multa de 72.000 euros pero no procede su disolución porque se considera que no es más relevante la actividad ilícita detectada que la legal y continuada de la sociedad (AP Madrid penal 9-7-18, EDJ 554117).